ANUNCIO DE CABECERA
Escrito por

Empresas españolas

(Víctimas de la Administración Pública)

La delicada situación económica que se vive en España no deja indiferente a nadie. Hemos conocido los datos que apuntan a un final de 2009 con un balance aterrador: mas de 200.000 pequeñas empresas y autónomos habrán tenido que dejar su actividad quedando en la más absoluta indefensión al no tener prestación alguna.

La falta de liquidez y la ausencia de acceso al crédito como consecuencias directas de la crisis, son algunos de los detonantes de la situación.

Casos como Murcia con un retraso de 17 meses o Madrid con un retraso de 730 días, serían suficientes para imaginar que ninguna empresa ni autónomo puede sustentarse en esas condiciones.

Las empresas que proveen de material sanitario a la salud pública tardan más de 240 días en cobrar sus facturas.

Los plazos literal y unilateralmente se han multiplicado exponencialmente ante la impunidad y pasividad del gobierno.

Y eso, si hablamos en términos de ayuntamientos y comunidades autónomas,  que en términos de corporaciones locales la cosa es mucho más crítica ¡800! Días para pagar una factura.

Como ejemplo basta mirar el Centro Internacional de Convenciones de Madrid un edificio de 9 millones de euros cuyos servicios se irán pagando 730 días después de obtener la licencia de obras. Eso supone multiplicar por 12 el plazo establecido por la ley.

Morosidad pública para la que no existe castigo, impunidad y desidia contra la que es imposible luchar.

La Ley de Administraciones Pública indica que transcurrido el plazo de 60 días establecido, se podrá acudir a los tribunales de justicia, lo que implica directamente estar años esperando un cobro, gastando en asesoría legal y sin opciones.

La mayor parte del tejido empresarial que se está destruyendo lo hace por las deudas que la Administración Pública no paga. Mientras, nuestro gobierno abre líneas de financiación con el ICO y permite a los bancos cobrar casi un 8% por los créditos concedidos lo que supone un sobreendeudamiento brutal para las empresas y autónomos.

Mientras los bancos se enriquecen con estas medidas, la administración pública permanece en su limbo de impunidad sin acatar la legislación vigente y sin que nadie pueda hacer nada por evitarlo.

El tejido empresarial está muriendo igual que las familias en España y si la situación no se remedia, asistiremos más pronto que tarde a revueltas importantes. La situación es insostenible.