ANUNCIO DE CABECERA
Escrito por

Diálogo social

Los sindicatos la patronal y el Gobierno, están en plena batalla para
ver cómo conciliar las necesidades de la economía española con la protección de los trabajadores de los sindicatos y las medidas que defienden el enriquecimiento de la empresa por encima -o a costa- de los trabajadores de la patronal.

Un diálogo social que ha reunido hoy tras la polémica servida en el día de ayer, a los sindicatos en la Moncloa. Los sindicatos querían asegurarse que el gobierno no va a abaratar el despido.

El problema estriba en que la economía necesita por un lado, disminuir lo que le cuesta a los empresarios contratar personal, y lo que le cuesta mantenerlo, estas son las premisas básicas para reactivar el sector, si tenemos en cuenta la opinión de expertos y las recomendaciones del Banco Central Europeo y de Bruselas en términos de recuperación del tejido empresarial español.

Sin embargo el abaratamiento del despido y la rebaja en las cotizaciones son medidas antisociales, contrarias a un gobierno social y contrarias a un estado en el que se ejerce la protección de los ciudadanos a cargo del estado

En este momento lo que parece absolutamente necesario es:

Incrementar los impuestos para, en la medida de lo posible reducir el déficit público que ya está fuera de control.

Disminuir las cotizaciones a la seguridad social por parte de los empresarios con el fin de hacer que las contrataciones no resulten tan costosas.

Establecer un contrato coyuntural mientras dure la crisis, un contrato que beneficie tanto a empleados como a empresas en el que se aúnen los esfuerzos en pos de minimizar la morosidad y reestablecer la producción, la demanda y la competitividad externa, a medida que el resto de los países de la Unión vayan saliendo de la crisis.

Y, por supuesto en paralelo el establecimiento de medidas que garanticen el reestablecimiento a los cauces habituales de distribución , gestión, producción y cobro de los servicios prestados por parte de Pymes y autónomos con el objetivo de parar la destrucción de empleo y la pérdida constante de tejido empresarial y productivo. Y, la modificación en la legislación vigente en términos de morosidad hipotecaria, que proteja a las familias de los embargos mientras dura la crisis.

Un diálogo social en el que los actores intervinientes no son únicamente los sindicatos, los empresarios y el  gobiernos sino que afecta al conjunto de la sociedad.